Madagascar, la gran isla del océano Índico, dio un paso controvertido en su lucha contra los abusadores de menores. Recientemente, la Asamblea Nacional votó a favor de un proyecto de ley que busca imponer penas de castración quirúrgica o química a aquellos condenados por abusar a niños.
Esta medida generó un intenso debate y se le considera tanto “cruel, inhumana y degradante” como una solución necesaria por diferentes sectores.
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Los autores de violaciones cometidas contra niños menores de diez años enfrentarán la castración quirúrgica. Además, la ley prevé la castración química o quirúrgica para los violadores de niños entre diez y trece años.
En casos donde la víctima tiene entre 13 y 18 años, se aplicaría la pena de castración química. Estas acciones buscan no solo castigar a los culpables, sino también prevenir futuros abusos.
La Asamblea Nacional adoptó el texto a principios de febrero, y el Senado lo ratificó posteriormente. Sin embargo, la normativa aún la debe validar el Alto Tribunal Constitucional antes de ser promulgada por el presidente Andry Rajoelina.
La decisión final está pendiente, y la sociedad malgache se encuentra dividida entre quienes ven la castración como una respuesta necesaria y quienes la consideran una violación de los derechos humanos.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció que se trata de una práctica “cruel, inhumana y degradante”. Argumentan que la castración no resolverá el problema de los abusos de niños y que no es compatible con las disposiciones constitucionales malgaches ni con las normas regionales e internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, algunos defensores de la ley argumentan que Madagascar tiene el derecho soberano de modificar sus leyes para proteger a los más vulnerables.
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