En un comunicado reciente, Amnistía Internacional instó a las autoridades venezolanas a liberar de manera “inmediata e incondicional” a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos políticos.
La organización denunció la detención sistemática de personas críticas al gobierno y expuso patrones de represión.
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“Las detenciones, torturas, muertes, uso excesivo de la fuerza, practicadas arbitrariamente y con impunidad son características de una política de represión que existe hace años”, enfatizaron.
Entre el 29 de julio y el 7 de agosto de 2024, más de dos mil personas fueron arrestadas por protestar o expresar su descontento ante los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde proclaman a Nicolás Maduro como ganador.
La mayoría de estas detenciones afecta a jóvenes, incluyendo al menos 105 personas entre 13 y 17 años. Además, al menos 16 personas con discapacidades visuales o auditivas permanecen detenidas. Persisten las denuncias creíbles de incomunicación y negación de asistencia legal, con alto riesgo de malos tratos y tortura.
Asimismo, Amnistía Internacional también señaló el uso continuo de las aplicaciones promocionadas por el gobierno nacional “para denunciar a personas que expresas sus desacuerdos con el gobierno actual”.
“Amnistía documentó en repetidas ocasiones cómo, con demasiada frecuencia, las empresas de tecnología siguen prácticas que afectan negativamente a los derechos humanos sin una evaluación adecuada de estos riesgos. Estas compañías tienen la responsabilidad de actuar con la debida diligencia y abordar de forma adecuada cualquier posible riesgo, algo que debería estar bastante claro en este caso, habida cuenta del largo historial de la administración venezolana en materia de represión de cualquier forma de disidencia”, explica la organización.
En ese sentido, exigen que las autoridades venezolanas que respeten los derechos fundamentales y protejan a las personas en situación de vulnerabilidad por edad, discapacidad o condiciones de salud graves o crónicas.
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