La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó un informe alarmante que destaca el “riesgo inminente de desintegración del Estado de derecho” en el país.
Este documento, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, subraya la gravedad de la situación y la necesidad urgente de rendición de cuentas.
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“Vamos a seguir en esa línea (de investigar la cadena de mando) porque es fundamental la rendición de cuentas y la identificación de responsables de estos crímenes de lesa humanidad”, puntualizó el abogado Francisco Cox Vial.
El informe detalla cómo las instituciones del Estado venezolano, tanto civiles como militares, operan de manera coordinada para “reprimir la disidencia”. Según Marta Valiñas, presidenta de la Misión, “el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”.
La Misión documentó una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Además, se identificaron patrones de violencia y represión en zonas mineras remotas, donde actores estatales y no estatales cometen abusos contra las poblaciones locales.
El informe de la Misión de la ONU también resalta la falta de independencia del poder judicial y la impunidad con la que operan los responsables de estos crímenes. “Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país”, afirmó Valiñas.
La comunidad internacional reaccionó con preocupación ante estos hallazgos. La Misión insta a las autoridades venezolanas a investigar y juzgar a los responsables de estas violaciones. Además, se hace un llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando de cerca la situación en Venezuela y asegure que se tomen medidas para garantizar la justicia y el respeto de los derechos humanos.
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