El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordenó este lunes 14 de julio la aprehensión contra la exfiscal octava del estado Zulia, Mariangelis Araque, y la abogada Roceth Vega, por su presunta vinculación en un caso de extorsión y abuso de funciones dentro del Ministerio Público.
Ambas juristas están acusadas por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento, según detalló Saab en una rueda de prensa.
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El caso se dio a conocer tras una denuncia presentada por el empresario zuliano Jaime Andrés Ruiz Salamanca, quien aseguró que la abogada le pidió más de 10 mil dólares a cambio de favores judiciales en una causa penal que enfrenta.
Acusan a exfiscal y abogada zulianas de extorsión
De acuerdo con la versión oficial, Araque habría exigido el dinero para favorecerlo en una investigación por supuestas irregularidades en la compra de un inmueble. Además, autorizó la entrega a su favor de tres vehículos que estaban incautados y bajo custodia del Ministerio Público.
El periodista Eligio Rojas reveló que el pasado 5 de junio, la exfiscal Araque practicó una inspección en la empresa J&J Shield Armoring C.A., propiedad de Ruiz Salamanca, ubicada en Maracaibo, y ordenó su detención inmediata. Según el denunciante, la orden de aprehensión no estaba debidamente registrada ni notificada como lo exige el procedimiento legal.
Durante esa acción, Araque también incautó 13 vehículos y dos embarcaciones, propiedad de clientes de la empresa, sin justificación legal clara. Posteriormente, el 23 de junio, una mujer identificada como Roceth Vega, vinculada a la fiscal, habría contactado al empresario para ofrecerle una “solución” al caso a cambio de los 10 mil dólares.
La abogada Vega habría prometido la devolución de una camioneta incautada y aseguró tener “control total” sobre las decisiones de la exfiscal Araque. Esta versión fue respaldada con conversaciones por WhatsApp que ya forman parte del expediente.
Ante esto, Saab reafirmó que su despacho mantiene una política de “tolerancia cero” ante este tipo de prácticas que comprometen la integridad del sistema judicial venezolano.
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