La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de 30 años de prisión contra tres personas acusadas de integrar una red dedicada a la trata de menores, que trasladaba jóvenes venezolanas hacia China para su explotación sexual.
La decisión, contenida en la sentencia número 675 y redactada por la magistrada Elsa Gómez, fue respaldada por los magistrados Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno. Con esta resolución, el máximo tribunal desestimó los recursos de casación interpuestos por los condenados, quienes pretendían anular el fallo emitido por la instancia inferior.
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Los sentenciados quedaron identificados como Yanzhen Wu y Yu Ham Feng, ambos de nacionalidad china, y la venezolana Oriana José Brito. Según la investigación del Ministerio Público, el grupo operaba en las ciudades de Maracay (Aragua) y Valencia (Carabobo), donde captaban a menores en locales nocturnos y discotecas.
Posteriormente, a las víctimas las trasladaban a Beijing, China, donde las ingresaban en redes de comercio sexual.
Así se descubrió la red de trata de personas
Los policías descubrieron la trama tras un seguimiento de las autoridades venezolanas que culminó el 19 de noviembre de 2017, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a los tres implicados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (La Guaira).
Ese día, Wu y Brito ultimaban los detalles de un vuelo con destino a China junto a siete mujeres venezolanas, cinco de las cuales fueron retenidas en el terminal aéreo.
Durante la revisión de los teléfonos móviles de los detenidos, los funcionarios hallaron conversaciones y evidencias que revelaban la planificación del viaje y su vinculación con el negocio sexual en el extranjero.
Tras la captura, la Fiscalía presentó cargos ante el Tribunal Segundo de Control con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Vargas, por los delitos de trata de personas, uso de adolescentes para delinquir y asociación para delinquir.
Siete años después de las primeras imputaciones, el proceso judicial finalmente avanzó a juicio. La audiencia comenzó el 10 de abril de 2024 y culminó el 18 de septiembre del mismo año, cuando el tribunal declaró culpables a Wu, Feng y Brito, imponiéndoles la pena máxima de 30 años de prisión.
La defensa apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones, pero esta confirmó el fallo. En última instancia, los acusados acudieron al TSJ, cuya Sala Penal ratificó la sentencia, cerrando así uno de los casos más emblemáticos de trata de personas con fines de explotación sexual en Venezuela.
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