La Asamblea Nacional aprobó este jueves 19 de febrero por unanimidad la nueva Ley de Amnistía, una normativa que abre la puerta a la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos entre 1999 y 2025.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó el texto casi de inmediato, impulsando su entrada en vigor tras su publicación en Gaceta Oficial.
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La sesión que culminó con la aprobación del texto tuvo un inicio marcado por intensas negociaciones y ajustes, que incluso provocaron un retraso de dos horas y media en el debate legislativo, debido a las discusiones sobre el alcance y los artículos controversiales de la propuesta.
¿Qué significa la ley de amnistía?
La ley otorga amnistía general a personas que se encuentren procesadas o condenadas por delitos o faltas vinculados a hechos políticos ocurridos a lo largo de 27 años del período chavista, siempre que quienes la soliciten “estén a derecho o se pongan a derecho” frente a los tribunales venezolanos.
Entre los episodios políticos contemplados en el texto se incluyen protestas callejeras, procesos electorales conflictivos y otros acontecimientos de relevancia nacional desde 1999 hasta 2025.
Una de las disposiciones señala que: “Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no quedará privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a los fines del otorgamiento de la amnistía”.
El texto fue modificado en comisión para atender algunas de las objeciones planteadas por legisladores opositores, incluyendo la posibilidad de que exiliados o personas fuera del país puedan enviar a un apoderado ante el juez competente para iniciar el proceso de amnistía sin tener que regresar físicamente a Venezuela.
Exclusiones y límites
Aunque la ley fue aprobada de manera unánime, su contenido no quedó exento de críticas y ajustes.
El artículo 9 del documento excluye explícitamente de la amnistía los delitos de violaciones graves a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción o delitos vinculados a violencia extrema, así como a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas contra el pueblo o la soberanía del país.
La inclusión de estas exclusiones respondió a los lineamientos de la Constitución venezolana, que limita la aplicación de la amnistía en casos de delitos graves.
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