El proceso judicial contra Nicolás Maduro en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York entró en etapa de crisis tras la renuncia de su equipo de defensa privada, lo que obligó al tribunal a iniciar la asignación de defensores públicos federales para garantizar su representación legal.
La salida del equipo encabezado por el abogado Barry Pollack se produjo en medio de un conflicto prolongado por el financiamiento de la defensa.
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Según documentos presentados ante la corte, los abogados no pudieron continuar debido a la imposibilidad de recibir honorarios, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueara el uso de fondos venezolanos sujetos a sanciones.
El juez federal Alvin Hellerstein activó el mecanismo para designar abogados bajo el sistema de la Ley de Justicia Penal (CJA), después de concluir que Maduro no dispone de recursos personales legales en territorio estadounidense para costear su defensa.
Esta determinación se basó en declaraciones juradas del propio acusado, quien afirmó no contar con fondos lícitos disponibles en el país.
Choque con las sanciones
El punto central de la controversia ha sido la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el uso de activos venezolanos bloqueados para pagar los servicios legales.
La agencia sostiene que esos recursos forman parte del régimen de sanciones vigente y no pueden destinarse a ese fin, incluso ante solicitudes expresas del tribunal.
La defensa había advertido previamente que esta restricción afectaba el derecho constitucional de Maduro a elegir a sus abogados. En escritos judiciales, Pollack argumentó que impedir el acceso a financiamiento comprometía las garantías establecidas en la Sexta Enmienda y hacía inviable sostener la representación privada.
El propio abogado ya había anticipado que, sin una solución financiera, se vería obligado a retirarse del caso, lo que finalmente se concretó al vencerse los plazos fijados por el tribunal.
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