La Federación Venezolana de Maestros (FVM) denunció la suspensión de nóminas a más de 50.000 docentes en todo el país, una medida que, según el gremio, agrava la ya crítica situación del sistema educativo y vulnera derechos laborales fundamentales.
La presidenta de la organización, Carmen Teresa Márquez, alertó durante una entrevista para VPI que la decisión del Ministerio de Educación deja sin ingresos a miles de trabajadores, incluidos jubilados y docentes en condiciones de alta vulnerabilidad.
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De acuerdo con la dirigente, la medida impacta a personas con enfermedades graves o discapacidad, quienes dependen de esos pagos para cubrir necesidades básicas.
La FVM calificó la acción como un acto de “acoso” y “persecución” contra el magisterio. En declaraciones públicas, Márquez advirtió que las suspensiones se están ejecutando sin procedimientos administrativos claros, lo que, a su juicio, constituye una violación de la normativa laboral vigente.
Déficit estructural en el sistema educativo
El señalamiento ocurre en un contexto de déficit crítico de personal docente.
Según estimaciones del gremio, Venezuela enfrenta una falta de aproximadamente 250.000 maestros, impulsada principalmente por la migración y el abandono de la profesión debido a las condiciones económicas.
Márquez cuestionó que, ante la escasez, se estén incorporando personas sin formación pedagógica suficiente para cubrir vacantes.
“Han ingresado muchos bachilleres que realmente no están graduados. Existe un déficit por la diáspora, debido a la cantidad de maestros que se han ido del país. Muchos maestros hacen falta, sobre todo en áreas críticas como matemáticas, física y química. Los muchachos salen sin escuchar esos conocimientos y llegan muchas veces con problemas a las universidades”, afirmó.
El deterioro del sistema educativo se ha reflejado también en medidas similares adoptadas en años recientes. Reportes del propio gremio señalan que desde 2024 se han registrado suspensiones masivas de salarios a decenas de miles de docentes, situación que ha afectado la continuidad académica en distintas regiones del país.
Reclamo salarial
La federación también puso el foco en los “salarios de hambre” que cobra el sector. Márquez sostuvo que los ingresos actuales no cubren el costo de vida y planteó que cualquier ajuste debe calcularse con base en la canasta básica alimentaria, estimada en más de 690 dólares por el Centro de Documentación y Análisis Social de la FVM.
En ese sentido, insistió en la necesidad de retomar la discusión de la convención colectiva y exigió una actualización urgente de los sueldos.
“Debe ser salario, tenemos cuatro años sin un aumento salarial desde el año 2022. El gobierno ha violentado eso, la Constitución es muy clara en su artículo 91 (…) Nosotros exigimos la pronta discusión de la convención colectiva y debemos cerrar la discusión”, señaló.
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