La ONG Provea criticó el reciente anuncio del Ejecutivo venezolano sobre el incremento del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales y advirtió que la medida mantiene “la opacidad oficial” al no detallar la estructura real de los ingresos de los trabajadores.
El señalamiento surge luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara el ajuste como parte de una política de mejora del poder adquisitivo, en medio de reclamos laborales.
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Sin embargo, la mandataria no precisó cuánto del monto corresponde al salario base ni qué proporción está constituida por bonificaciones, un elemento clave para el cálculo de prestaciones sociales y otros beneficios.
«El anuncio hecho por la presidenta (E), Delcy Rodríguez, sobre el aumento del ‘ingreso mínimo integral’ a 240 $, no especifica qué monto corresponde a salario real y cuánto corresponde a bonificación del ingreso», destacó la organización.
El Gobierno presentó el ajuste como el más significativo de los últimos años, en un contexto donde el salario mínimo legal permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, equivalente a menos de un dólar mensual, y el ingreso total se ha sostenido principalmente mediante bonos no salariales.
Frente a este escenario, Provea sostuvo que el incremento anunciado no responde a las necesidades reales de la población trabajadora, que enfrenta una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Además, recordó que en 2022 ya se había calificado como “histórico” un aumento decretado por el Ejecutivo, en paralelo a la implementación del instructivo de la Onapre y al fortalecimiento de un esquema basado en bonificaciones.
La ONG alertó que este modelo ha consolidado una política que desvincula el salario formal de los ingresos efectivos, lo que impacta directamente en derechos laborales como las prestaciones, las pensiones y las convenciones colectivas.
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