Un grupo de 14 congresistas demócratas de Estados Unidos solicitó al presidente Donald Trump el levantamiento inmediato de las sanciones económicas impuestas a Venezuela, con el objetivo de facilitar el acceso a activos congelados en el exterior y fortalecer la respuesta ante la emergencia causada por los terremotos del pasado 24 de junio.
La petición fue presentada mediante una carta dirigida también al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los legisladores sostienen que las restricciones financieras limitan la capacidad del Estado venezolano para atender la crisis humanitaria y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.
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“Los terremotos del 24 de junio fueron desastres naturales inevitables. Sin embargo, las sanciones económicas de gran alcance y la congelación de activos impuestos por el Gobierno de EE UU han socavado gravemente la capacidad de respuesta y los esfuerzos de reconstrucción del país», afirmaron los congresistas.
Según el balance del Parlamento venezolano, los sismos dejaron 4.561 fallecidos y 16.740 heridos, mientras que cerca de 18.000 personas quedaron sin hogar tras el colapso de aproximadamente 1.400 edificaciones, entre ellas hospitales y escuelas.
La Organización de las Naciones Unidas estimó que los daños físicos ascienden a 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del producto interno bruto del país. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que las pérdidas económicas totales podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares. Además, las autoridades reportaron más de 1.250 réplicas desde el desastre.
Congresistas y ONG firman la solicitud
Entre los firmantes de la carta figuran Alexandria Ocasio-Cortez, Jesús «Chuy» García, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, quienes consideran que las sanciones dificultan la llegada de ayuda internacional y comprometen la recuperación a largo plazo.
“Las restricciones económicas están obstaculizando gravemente las labores urgentes de socorro y seguirán amenazando la recuperación y la reconstrucción a largo plazo de Venezuela si se mantienen vigentes”, señalaron los legisladores.
La iniciativa también recibió el respaldo de más de 20 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Just Foreign Policy, Center for Economic and Policy Research (CEPR), Latin America Working Group (LAWG) y Peace Action, las cuales sostienen que mantener las sanciones en medio de una catástrofe natural provoca «efectos indiscriminados» sobre la población civil.
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