El concejal de Maracaibo, Luis Cabrera, afirmó que el sistema de multas digitales, conocido como «Polimultas», respondería a una estrategia para aumentar la recaudación municipal y no a una política enfocada en mejorar la seguridad vial o la educación de los conductores.
Durante sus declaraciones, Cabrera sostuvo que la administración municipal “habría implementado el mecanismo para obtener nuevos ingresos, luego de, según dijo, agotar otras fuentes de recaudación”. En ese sentido, calificó el plan como un presunto «despojo presupuestario» y pidió que se esclarezca su funcionamiento.
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Cabrera también señaló que una empresa privada administra el software utilizado para el sistema de multas y aseguró que esa compañía recibiría un porcentaje por cada sanción aplicada.
«Al no poder recaudar más por las vías habituales, habrían encontrado en la fiscalización vial una válvula de escape financiera. Nos preocupa que se esté convirtiendo a Maracaibo en un coto de caza, mediante un contrato sobre el cual exigimos cuentas claras, nombres y porcentajes de ganancia de inmediato», expresó.
Asimismo, Cabrera aseguró que el esquema resultaría más preocupante si los funcionarios recibieran incentivos o comisiones por cada multa emitida, ya que, a su juicio, esa práctica desviaría la función preventiva de los cuerpos policiales y generaría presión por cumplir metas de sanciones.
Cuestionamiento legal y constitucional
En el plano jurídico, el concejal manifestó que el sistema podría vulnerar disposiciones de la Constitución. Argumentó que presuntamente “desnaturalizaría el carácter correctivo de las multas al convertirlas en un mecanismo de recaudación” y sostuvo que “la automatización de las sanciones podría afectar garantías relacionadas con el debido proceso y el derecho a la defensa de los ciudadanos”.
«El ciudadano de a pie, golpeado por la severa realidad económica, merece respeto y gestión transparente, no ser la caja chica para sostener compromisos administrativos», afirmó.
Finalmente, Cabrera solicitó que las autoridades consignen ante el Concejo Municipal los expedientes relacionados con la contratación del sistema, con el fin de conocer los términos del acuerdo, la identidad de la empresa involucrada y los porcentajes de participación económica que, según él, formarían parte del contrato.
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