La Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno venezolano acordaron impulsar la renovación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y reforzar la atención a las comunidades afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El acuerdo se concretó este miércoles 12 de agosto al finalizar la primera ronda de conversaciones, desarrollada durante una semana a puerta cerrada en el hotel Gran Meliá Caracas.
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El proceso incluyó cinco sesiones de mesas técnicas y cinco encuentros plenarios, según el comunicado suscrito por Jorge Rodríguez, representante del gobierno, y Dinorah Figuera, por la Asamblea Nacional de 2015.
Las delegaciones dividieron las conversaciones en dos mesas de trabajo. Una abordó las consecuencias de los sismos y las medidas de atención para las zonas afectadas, mientras la otra discutió temas relacionados con el “fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral”.
Atención para afectados por el terremoto
En materia de reconstrucción, ambas partes acordaron priorizar la recuperación de viviendas, el restablecimiento del servicio eléctrico, la atención sanitaria y la remoción de escombros, con énfasis en las víctimas y comunidades perjudicadas por los terremotos.
Activos en el exterior
Otro de los puntos centrales contempla gestionar la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra. El comunicado señala que las delegaciones “concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.
Las partes también plantearon establecer controles para garantizar el uso adecuado de esos recursos. En ese sentido, acordaron implementar “mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos”, con el objetivo de destinarlos a la atención de las personas afectadas por los terremotos.
El primer ciclo de diálogo también dejó sobre la mesa el compromiso de avanzar en la renovación de los magistrados del TSJ, como parte de los acuerdos relacionados con el sistema judicial y el fortalecimiento institucional.
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