Abogado y defensor de DDHH José Vicente Faría denuncia persecución política en su contra tras denunciar desapariciones forzosas

El abogado José Vicente Faría Labarca, criminólogo y defensor de derechos humanos, denunció que él y su familia son víctimas de una “implacable” persecución política por parte de autoridades venezolanas, y aseguró que su único delito fue denunciar violaciones de DDHH cometidas por organismos de seguridad del Estado.

Con prueba en mano, el especialista del Derecho demostró que las acusaciones judiciales en su contra carecen de fundamentos. El hostigamiento inició luego de que denunciara en marzo de 2025 las detenciones ilegales y desapariciones forzosas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en medio del contexto político de brutal represión instaurado en el país tras las elecciones presidenciales de 2024.

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Faría aseguró que días después de la denuncia recibió amenazas él y su esposa, e incluso mantenían un seguimiento de la familia en sus actividades. “Hemos recibido constantes amenazas del gobierno, militares y civiles, de incriminar a mis familiares para mantenernos silenciados”, denunció.

A Faría le abrieron una causa penal en la que lo involucran como socio de unos clientes, un acto que calificó como “criminalización al ejercicio del abogado”. Agregó que en esa causa penal se le relaciona con una narrativa de amenaza nacional anunciada por las autoridades venezolanas, en la que se señaló a dirigentes opositores, como Edmundo González y María Corina Machado, y a empresarios —entre ellos José Enrique Rincón, propietario del Grupo Lamar—, de tener vínculos para atentar contra la democracia venezolana.

“Al ser abogado de ciudadanos en casos de alto perfil, me convirtieron en objetivo clave para obtener información de dichos ciudadanos a través de tortura. Por eso tuve que salir del país con mi familia”, explicó Faría.

El jurista sostiene que denunciar al gobierno por las desapariciones, su visibilidad pública en redes sociales y medios de comunicación, su trabajo social y sus aspiraciones políticas sirvieron como detonante para que el Estado magnificara los hechos e iniciara una cacería «sin tener pruebas».

Un testigo con prontuario

Faría aseguró que, en su caso, el Ministerio Público usa la declaración coaccionada de un supuesto  testigo protegido, a quien asistió legalmente en 2012 con un equipo de abogados en un juicio de extradición en Panamá y que posee un amplio prontuario penal internacional.

Explicó que este testigo no pagó al equipo de especialistas que lo defendieron y que luego intentaron cobrar legalmente. “Ahí radica su animadversión”, indicó Faría, quien insistió en que no hay ninguna prueba real en su contra.