La Alcaldía de Maracaibo ejecutó este lunes el cierre temporal del expendio de licores “Pa’ Que el Papa”, ubicado en el barrio Raúl Leoni de la parroquia Antonio Borjas Romero, tras recibir reiteradas denuncias de vecinos sobre alteraciones del orden público en el sector.
El procedimiento fue realizado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana en coordinación con el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) y el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, como parte de un operativo de fiscalización destinado a verificar el cumplimiento de normas municipales y condiciones de funcionamiento de establecimientos comerciales.
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Habitantes de la zona habían reportado en varias ocasiones situaciones que afectaban la tranquilidad del sector. Entre las quejas se mencionaron altos niveles de ruido, discusiones frecuentes y riñas en las inmediaciones del establecimiento.
De acuerdo con los vecinos, estas situaciones generaban un ambiente de inseguridad y perturbaban la convivencia en una comunidad donde residen numerosas familias.
Ante estas denuncias, las autoridades municipales realizaron la inspección correspondiente y procedieron a aplicar la medida administrativa de cierre temporal del local.
Irregularidades administrativas y tributarias
El director general de Seguridad Ciudadana, Marcos Amaya, explicó que durante la inspección se detectaron irregularidades en la documentación del establecimiento.
Según detalló, el comercio operaba con un permiso provisional vencido y además presentaba una situación de morosidad tributaria ante el municipio.
“Estamos desplegados cumpliendo instrucciones precisas de nuestro Alcalde Giancarlo Di Martino para velar por la seguridad ciudadana”, afirmó el funcionario.
Amaya indicó que la deuda tributaria con el SEDEMAT constituye una falta administrativa que afecta directamente la capacidad del municipio para invertir en servicios públicos y obras para la comunidad.
“Sin tributos no hay progreso para la parroquia; cada comercio debe ser corresponsable del desarrollo de nuestra ciudad”, enfatizó.
Falta de autorización vigente
El funcionario también explicó que el permiso provisional vencido implica que el establecimiento carecía del respaldo legal necesario para continuar operando.
En ese sentido, subrayó que las autoridades municipales están obligadas a hacer cumplir la normativa vigente para garantizar un desarrollo comercial ordenado.
“Nuestra labor es garantizar que todos los actores respeten las reglas de juego”, puntualizó.
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