La Alcaldía de Maracaibo anunció la aplicación de un plan de racionalización del gasto público mediante el decreto N.° 078-2026, una medida adoptada en respuesta a la emergencia nacional ocasionada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
El decreto, firmado por el alcalde Giancarlo Di Martino, establece que la administración municipal dará prioridad al uso de los recursos en áreas consideradas esenciales para atender la contingencia, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios y fortalecer la capacidad de respuesta del municipio.
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Decretan reducción del gasto público en Maracaibo
Entre las disposiciones, el documento señala que los recursos deberán destinarse prioritariamente a “la atención de las competencias propias y directas del municipio, especialmente en materia de protección civil, gestión de riesgos, salud, servicios públicos (agua, aseo urbano, alumbrado público, vialidad y transporte) y seguridad ciudadana”.
Asimismo, la Alcaldía indicó que parte del presupuesto municipal estará orientado a respaldar las acciones nacionales emprendidas para atender la emergencia, en coordinación con los distintos niveles del Poder Público.
La normativa también contempla la reducción de gastos considerados no prioritarios durante la contingencia. Entre ellos se encuentran las erogaciones destinadas a actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas que no estén directamente vinculadas con la atención de la emergencia.
El documento establece la necesidad de “racionalizar las erogaciones destinadas a ayudas sociales, subsidios, donaciones, eventos culturales, deportivos y recreativos, y cualquier otro gasto de carácter social que no sea considerado esencial o prioritario para la atención inmediata de la emergencia o para la garantía de los servicios públicos básicos del municipio”.
Además, el decreto autoriza la revisión de algunos beneficios económicos otorgados al personal de la administración municipal, al disponer la posibilidad de “racionalizar las bonificaciones y asignaciones no salariales otorgadas al personal”.
En ese contexto, el decreto sostiene que la administración municipal deberá realizar los ajustes presupuestarios que sean necesarios para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos y concentrar las inversiones en las áreas de mayor prioridad.
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