Asamblea Nacional aprueba reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico
La Asamblea Nacional (AN) aprobó, en segunda discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Por El Vigilante —


La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 10 de noviembre, en segunda discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, con el propósito de actualizar el marco legal del sector, fortalecer la infraestructura y mejorar la prestación del servicio en Venezuela.
Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios aprobaron el texto que incorpora mecanismos para facilitar la participación de empresas privadas en la generación y autogeneración de electricidad, además de establecer nuevas disposiciones sobre fiscalización, control y uso eficiente de la energía.
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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aclaró que la legislación «no promueve en modo alguno la privatización» del sector, sino una «apertura» para que particulares participen en la generación eléctrica. Explicó que esta medida busca aumentar la oferta energética para grandes consumidores, industrias y centros comerciales, mediante el pago de tarifas establecidas.
La normativa establece que el Ministerio de Energía Eléctrica otorgará concesiones cuando los proyectos superen los 50 megavatios o involucren bienes públicos, sistemas de transmisión troncal, comercialización en áreas de servicio exclusivo o redes integradas de alcance regional. Al finalizar la concesión, las empresas deberán transferir los bienes incorporados a Corpoelec o al organismo que designe el Estado, libres de gravámenes.
Supervisión y sanciones
La reforma también contempla la creación de una Superintendencia encargada de vigilar la prestación del servicio, las tarifas, los procesos de autogeneración y la protección de las redes de distribución. Este organismo contará con facultades de supervisión y un régimen sancionatorio para quienes incumplan las disposiciones.
En el caso de las empresas petroleras, la ley exige garantizar el suministro eléctrico para sus operaciones primarias mediante sistemas propios de generación, cogeneración o contratación de terceros. Estas compañías podrán producir energía para sus redes internas sin autorización estatal, salvo cuando se conecten al sistema eléctrico nacional.
Entre las sanciones, el texto establece multas de hasta 2 % de los ingresos brutos del año anterior por incumplimientos relacionados con las instalaciones, las instrucciones de las autoridades o las inspecciones. También contempla penas de dos a cinco años de prisión por hurto de equipos y de dos a seis años por robo de electricidad con fines de lucro, mediante conexiones no autorizadas que superen los 5.000 kilovatios hora mensuales.
La legislación permite resolver las controversias que no alcancen acuerdos amistosos ante los tribunales venezolanos o mediante mecanismos alternativos, como la mediación y el arbitraje.
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