El primer ministro comunista de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, renunció este 9 de septiembre tras una semana de intensas protestas que paralizaron al país.
La ola de manifestaciones, desatada por la decisión de bloquear 26 redes sociales, terminó provocando la caída de su gobierno, que enfrentó uno de los mayores levantamientos ciudadanos de los últimos años, según reseñó Reuters.
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La prohibición de plataformas como Facebook, X, YouTube e Instagram encendió la furia de los jóvenes, quienes denunciaron el intento del régimen de silenciar las voces críticas. Por ello, miles de personas, lideradas por activistas de la llamada generación Z, tomaron las calles de Katmandú y otras ciudades, en un movimiento que rápidamente se extendió por todo el país.
La respuesta del Estado fue violenta: fuerzas de seguridad usaron armas de fuego, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud. Según medios locales y organizaciones internacionales, al menos 19 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas, lo que agudizó la indignación ciudadana y debilitó aún más al gobierno comunista.
Ante el descontento masivo, Oli, en el poder desde julio de 2024 y que ya había ocupado el cargo en otras tres ocasiones, presentó su dimisión tras perder el respaldo político y social. Su residencia oficial fue asaltada e incendiada por manifestantes en un episodio simbólico que marcó el final de su gestión.
Tras la renuncia, multitudes salieron a las plazas para celebrar lo que consideran una victoria histórica frente a la censura y la corrupción. Con cánticos, banderas y consignas en defensa de la libertad de expresión, los manifestantes proclamaron que la caída del régimen comunista abre un nuevo capítulo en la política del país.
¿Qué procede ante la caída del gobierno de Nepal?
El Parlamento nepalí anunció la conformación de un gobierno interino mientras se desarrolla una investigación de 15 días sobre los abusos cometidos durante la represión.
Aunque la situación política sigue siendo incierta, la caída del gobierno de Oli ha sido interpretada como una señal de cambio profundo impulsado por una ciudadanía que exige más democracia y menos control estatal.
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