Activistas de ocho países crean la campaña “Hoy todas somos Rocío” para exigir la liberación de la abogada Rocío San Miguel

En un emotivo gesto de solidaridad, activistas sociales, defensoras de derechos humanos y periodistas de ocho países se unieron bajo el lema “Hoy todas somos Rocío” para exigir la libertad de Rocío San Miguel.

La campaña se centra en denunciar la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel, una figura relevante en la sociedad civil venezolana. En esta iniciativa participan Venezuela, España, Argentina, Chile, Colombia, México, Cuba y Nicaragua.

También puedes leer: Expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica tilda de autoritario el gobierno de Nicolás Maduro

“492 mujeres detenidas por motivos políticos por el gobierno de Nicolás Maduro, solo entre enero de 2018 y septiembre de 2023. La mayoría por protestar, otras por divulgar información sobre la covid-19, por ejercer el periodismo, o por falsas acusaciones de rebelión o conspiración, y todo para extraer información de cualquier perseguido, civil o militar”, detallaron.

Asimismo, denunciaron en el video que “algunas de ellas sufren torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como medida de intimidación contra familiares quienes presuntamente perpetraron algún hecho punible fabricado por el gobierno venezolano. Son sometidas a sufrimiento físico y mental deliberado, uso intencionado de la fuerza física, humillación, degradación, amenazas, palizas, cortes, golpes, suspensión por los brazos y otras partes del cuerpo, tortura blanca, ahogamiento simulado y violencia sexual”.

“Hoy todas somos Rocío”: la campaña para exigir la libertad de Rocío San Miguel

Rocío San Miguel es la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.

A la activista la acusaron de participar en un presunto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y actualmente está encarcelada en el Helicoide, un centro de torturas, descrito como el más grande de toda América Latina.

La denuncia de que se trata de una desaparición forzada llevó al gobierno bolivariano a cerrar la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas y expulsar a sus 13 funcionarios.