“Somos rodilla en tierra con este Gobierno. Pero no vamos a permitir que dentro de las empresas del Estado se siga manipulando al pueblo y se lucren a costillas de nosotros”. Así lo expuso José Pérez, líder comunitario de La Ceiba, en su denuncia contra Carbozulia.
Pérez es uno de los 21 líderes comunales que se unieron para representar a más de tres mil familias que habitan en las adyacencias del eje Guasare. Su clamor es para reclamar lo que por ley les pertenece: una retribución en mejoras para las comunidades afectadas por la explotación minera.
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Las comunidades, a través de sus voceros denuncian que no se les tomó en cuenta para las contrataciones laborales ni para resarcirles parte del ingreso obtenido en mejoras como vialidad, agua y electricidad.
Ese clamor público lo llevaron los voceros de Guasare a la sede del Ministerio Público en Maracaibo, para hacer la denuncia formal ante la Fiscalía.
Acusan a Francisco Aguilera, expresidente de Carbozulia
Naila González es vocera de la comunidad Playa Bonita del Olivo. Ella asegura que son “comunidades organizadas que hacemos vida en el eje vial Guasare. Queremos apelar a los artículos 2, 3, 4 y 17 de la Ley Orgánica de Contraloría Social, y en el artículo 31 y 32 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales”.
Naila es multiplicadora de una solicitud a todas las instancias del Gobierno y autoridades para que “se inicie una investigación exhaustiva en la antigua gerencia de Carbozulia, en específico el expresidente de Carbozulia Francisco Javier Aguilera Castro”.
Además, denuncian a la empresa afiliada saliente Operaciones Mineras y Servicios Lacustre C.A. “Esta empresa, durante su gestión, no aportó ningún beneficio social a nuestras comunidades. Solamente se lucraron y utilizaron a nuestra gente para su propio beneficio”.
La líder comunal también puntualizó que “se siguen cometiendo actos de corrupción dentro de la empresa Carbozulia. Pruebas tenemos. Como esta empresa que llegó y que fue creada el 27 de enero de este año. ¿Qué experiencia puede tener si está recientemente creada?”.
“Si callamos, seremos cómplices”
Por su parte, José Pérez aportó que cuando Carbozulia era una empresa privada, las contrataciones se negociaban a través de los sindicatos. Una vez que la minera pasó a manos del Estado, los consejos comunales fueron los encargados de transar.
“La idea es que la empresa se siente con nosotros, diga qué trabajo van a realizar y de qué manera le pueden aportar a nuestro pueblo. que dejen beneficios que impacten en todo el eje”.
Pérez recordó que cuando Carbozulia pasó a ser del Estado, la estaban desvalijando. “Nosotros fuimos Caracas a alzar nuestra voz de alerta para que dejaran de robar. Seguimos investigando y detectamos todas estas irregularidades que no encajan con lo que está en la Ley. Si callamos nos vamos a volver cómplices”.
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