La familia de Nerio Palmar González formalizó este lunes 18 de agosto la recusación contra dos funcionarias de la Fiscalía 49 del estado Zulia y pidió que otro despacho con competencia en asuntos indígenas asuma la investigación de su caso, relacionado con su homicidio ocurrido en Amparo.
Las fiscales Aljadys Coquies y Rosana Aguilar quedaron recusadas por presunto trato discriminatorio hacia Dayanna Palmar, hija de la víctima, durante la atención de su denuncia, así como por la falta de diligencia en la recopilación de información y la ausencia de fijación de fecha para la reconstrucción de los hechos del accidente.
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Caso por el homicidio de Nerio Palmar en Amparo
En el documento formal consignado, Palmar argumentó que esperaba de la representación fiscal “escucha, diligencia y apoyo”, pero en su lugar se encontró con “oposición acérrima hacia mis preocupaciones y argumentos como víctima”.
La familia reiteró su exigencia de que el caso sea investigado con mayor profundidad para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Quejas de otras víctimas
La recusación coincidió con nuevas denuncias sobre demoras y maltratos en la atención de víctimas en la Fiscalía 49. Una de ellas quedó presentada por Alba Oquendo, quien resultó arrollada el 8 de julio mientras conducía una motocicleta y sufrió fracturas en cadera y fémur.
Oquendo relató que, pese a su delicado estado de salud, ha tenido que acudir en silla de ruedas a las oficinas del Ministerio Público durante las últimas dos semanas, esperando horas sin recibir respuestas concretas. “Había solicitado la moto y aún no me han dado la moto, estando yo convaleciente y afectada”, señaló.
La víctima consignó un escrito para que su caso, identificado bajo la causa MP-122152-25, se lleve a la Fiscalía Superior. “No estoy en condiciones de tratarme a mí misma, pero la verdad no quiero perderlo todo”, expresó.
Tanto la familia de Palmar como Oquendo denunciaron que las irregularidades en la atención fiscal generan un escenario de revictimización, especialmente para quienes han sufrido accidentes viales y carecen de recursos para contratar abogados.
Las víctimas solicitaron que el Ministerio Público garantice celeridad, empatía y respeto en el trato, a fin de evitar que los procesos judiciales se conviertan en nuevas cargas para quienes ya enfrentan situaciones de dolor y vulnerabilidad.