La CIDH insta al Estado venezolano a iniciar investigaciones sobre la muerte de Óscar Pérez y seis personas más en El Junquito

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado, este martes 26 de diciembre, en el que se expresa preocupación por la muerte de Óscar Alberto Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y Lisbeth Ramírez.

Según las actas de defunción, seis de ellos recibieron un disparo en la cabeza. Estos hechos ocurrieron en enero de 2018, cuando las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano abatieron a Pérez y a sus compañeros en El Junquito.

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CIDH: «el Estado venezolano usó fuerza letal incompatible con las obligaciones internacionales»

“La Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas. La Comisión señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal”, reza el texto.

La CIDH, con su comunicado denominado “La masacre de El Junquito”, insta al Estado venezolano a investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Además, solicita que se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares.

El organismo insta a las autoridades en Venezuela a “realizar una investigación diligente y oportuna de los hechos para identificar a las personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Por la gravedad de las violaciones el Estado no puede utilizar garantías legales como la cosa juzgada, ne bis in ídem o prescripción para eludir esta recomendación”.

Estas medidas que exige el CIDH son por la responsabilidad del Estado venezolano en cuanto a “la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión y protección judicial”.