Piden investigar presuntas irregularidades en proceso judicial relacionado con denuncia de estafa en Zulia

Por El Vigilante — 14 de agosto de 2026

Foto: Referencial

Gustavo Armando Ruiz Mesa solicitó la revisión de un proceso judicial que, según denuncia, habría presentado presuntas irregularidades relacionadas con una investigación por los delitos de estafa y agavillamiento.

De acuerdo con su versión, el caso involucra al comerciante Carlos Ramón Ortiz Perozo, titular de la cédula de identidad N.º 7.614.761, y al abogado Adib George Dib Dib, identificado con la cédula N.º 13.975.416. Ruiz Mesa señaló que la investigación está a cargo de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público en Maracaibo, bajo el expediente MP 94461-24.

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El denunciante aseguró que esa instancia habría identificado elementos de convicción y solicitado avanzar con la imputación de los ciudadanos señalados. Sin embargo, sostuvo que posteriormente una decisión atribuida a la presidencia del Circuito Penal del estado Zulia habría dejado sin efecto esas actuaciones.

Ruiz Mesa relacionó esta situación con la causa 6C-39117-25 y manifestó su preocupación por el desarrollo del procedimiento. Ante ello, pidió a las máximas autoridades del sistema de justicia venezolano revisar las actuaciones y determinar si durante el proceso se produjeron decisiones o procedimientos contrarios a la legislación vigente.

“Solicito a gritos ayuda de los organismos superiores para que revisen y reviertan esta decisión”, manifestó Ruiz Mesa.

Asimismo, solicitó que su denuncia sea evaluada por autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público y otros organismos con competencia en materia judicial, con el propósito de esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan, de comprobarse alguna irregularidad.

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Hasta el momento, esta denuncia pública no incorpora las versiones de Carlos Ramón Ortiz Perozo, Adib George Dib Dib ni de los funcionarios mencionados, por lo que cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones y procedimientos previstos en la legislación venezolana.

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