Desinterés por exigir facturas de compras y unos 20 tipos diferentes de impuestos refuerzan evasión fiscal en el Zulia

Colegio de Contadores del Zulia inicia campaña de concienciación para estimular la facturación en comercios e industrias en Maracaibo

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Lo que en pandemia fue un mecanismo de supervivencia para la economía marabina y venezolana hoy se transforma en un obstáculo para aspirar a tener mejores servicios públicos: la evasión fiscal en Zulia. 

Así lo expresó James Ramos Ariza, presidente del Colegio de Contadores del Zulia (CCPEZ), justo antes de anunciar que emprenderán una campaña para promover e incentivar que los compradores exijan las facturas de sus compras.  

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El primer paso de la campaña es la distribución de 10 mil volantes en algunos comercios de Maracaibo y el trabajo conjunto con diferentes cámaras como la Unión de Comerciantes del Estado Zulia (Ucez) y Fedecámaras. 

Aunque no se manejan cifras oficiales, la evasión fiscal estaría por el orden del 60 por ciento en Maracaibo. 

evasión fiscal

Situación actual del sistema tributario en Venezuela 

El gremio de contadores se muestra preocupados por la situación actual del sistema tributario en Venezuela, ante la que denominaron voracidad fiscal.  

Ariza explicó que actualmente el pechaje a empresas abarca al menos 20 tipos diferentes de impuestos y contribuciones, que deben pagar los contribuyentes. Además de la misma cantidad de fiscalizaciones. 

Este escenario amerita de una simplificación del proceso, según Ariza, además de la automatización del sistema de declaración y hasta las fiscalizaciones electrónicas.  

“Algunas administraciones tributarias, tanto nacionales como municipales, están tratando de hacer acuerdos con el sector empresarial, que derivan en una zona gris en la que el Estado no percibe ningún ingreso”, reveló Ariza. 

El llamado del CPEZ es a establecer una mesa de diálogo con empresarios, gobierno y otros diferentes actores del sector económico venezolano. 

El primer paso será que la facturación se convierta de nuevo en un proceso obligatorio dentro de la dinámica de compra y venta. Solo así la ciudadanía podrá exigir más y mejores servicios públicos a los gobiernos municipales, regionales y nacionales. 

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