La llamada “Ley del Odio”, lleva unas 83 víctimas por parte de instituciones públicas desde que fuera efectuado este estatuto en Venezuela en 2017, por la ya extinta asamblea nacional constituyente, solicitada por Nicolás Maduro.
Y tiene con fin, acabar con supuestos mensajes de “odio” que, según la gestión socialista en su momento; dispararon una ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
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Este balance lo proporcionó Espacio Público debido a que el 18 de junio se conmemora el Día Para Contrarrestar el Discurso de Odio.
“Durante más de cinco años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios. Agresiones físicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones”, aseveró la organización.
“Ley del Odio” es usada en Venezuela para “perseguir”
La organización afirma que esta ley es usada en el país para “perseguir” a personas por hacer críticas o realizar expresiones incómodas a sectores de poder en Venezuela. Especialmente a la gestión socialista que encabeza Nicolás Maduro.
El conteo de los perjudicados por la “Ley del Odio” señala que, del número total, 30 son personas particulares 17 trabajadores públicos; 16 periodistas y reporteros y ocho integrantes de diversas ONG.
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La “Ley del Odio”, castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. Y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el fascismo”.
¿Cómo graduar la “Ley del Odio” en Venezuela?
A juicio de Espacio Público, los Estados deben proporcionar “respuestas graduales y diferentes” a los discursos de odio. Donde debe haber una definición clara de lo que significa.
Y a partir de ahí, brindar herramientas para identificar qué puede ser un riesgo para personas o poblaciones específicas. Y evaluarse el momento político y social donde se llevó a cabo el discurso de odio.
Bajo estas recomendaciones, esto podría ayudar a definir el contexto de las palabras que se dicen y lo que hay detrás.
“La incitación al odio es un problema real que debe ser abordado bajo criterios claros, objetivos, proporcionales y legítimo”, dijo la ONG.
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