El pasado fin de semana, Venezuela volvió a conmocionarse ante una trágica noticia. Lindomar Jesús Amaro Bustamante, uno de los detenidos tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro, murió bajo custodia del Estado en una cárcel del estado Aragua. La noticia fue dada a conocer este domingo por varias ONG que denuncian graves irregularidades y violencia en las prisiones venezolanas.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos acusó a la gestión de Maduro y al actual director del penal, Juan Carlos Quezada, de negligencia y condiciones “infrahumanas”. Hasta el momento, ya suman al menos seis muertes en custodia en Venezuela en el período 2024-2025, según datos oficiales y ONG.
La líder opositora María Corina Machado calificó la muerte de Lindomar como un “crimen horrendo”, responsabilizando directamente a Maduro. Cinsiderando que la inacción del Estado vuelve a dejar en evidencia una crisis penitenciaria sin control, donde la vida de los presos parece no importar.
Realidad de la muerte de Lindomar Amaro es mucho más sombría.
Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Amaro, arrestado en el contexto de la crisis postelectoral en Cojedes, se quitó la vida el sábado en la cárcel de Tocorón, en Aragua. La organización informó que la causa oficial fue “ahorcamiento dentro de su celda”. Sin embargo, las familiares y ONG advierten que la realidad tras su muerte es mucho más sombría.
Lindomar fue detenido cuando se dirigía a su vivienda en moto, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Desde ese momento, fue trasladado a Tocorón, donde las condiciones extremas y el maltrato marcaron su destino. Familiares relatan que Lindomar ya había intentado quitarse la vida en el pasado, y a pesar de advertir su estado emocional, no recibió atención médica ni protección alguna. La omisión, denuncian, refleja la desatención y negligencia del Estado.
Además, Jhoandri Joel Silva Lara, otro joven detenido tras las elecciones, también intentó suicidarse en la misma cárcel. Ambos casos evidencian un patrón de condiciones inhumanas, tortura y desesperación en las cárceles venezolanas, especialmente en Tocorón.
Este caso vuelve a poner en el tapete la grave situación de derechos humanos en Venezuela. La sociedad exige justicia, transparencia y el fin del trato inhumano a los detenidos. La muerte de Lindomar Amaro no debe quedar impune. La historia de su trágico final deja una huella dolorosa en la lucha por la democracia y los derechos en Venezuela.