Los menores y jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones postelectorales entre julio y agosto pasado están perdiendo clases.
Familiares contaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) las preocupaciones de los privados de libertad porque no pueden ponerse al día con las actividades porque siguen tras las rejas.
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“Los profesores nos dicen que nos van a apoyar, pero es una de sus preocupaciones, me dice: mamá estoy perdiendo muchas clases, me voy a atrasar. Yo siempre le he dicho que estudie porque es lo que pobremente uno le puede dejar, pero que estudie y aprenda bien”, cuenta la madre de un jóven detenido en Caracas.
Menores detenidos tienen derecho a estudiar
según publicó el OVP, los niños, niñas y adolescentes en prisión tienen derecho a la educación y es obligación del Estado venezolano hacer todo el esfuerzo posible por brindar esta atención a los privados de libertad.
Humberto Prado, director del OVP, explicó que en prisión se debe garantizar este derecho y ejercerse plenamente.
Los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño destacan la importancia de que a los jóvenes privados de libertad se le asegure el derecho a la educación, en el marco de un sistema de ejecución orientado a la plena integración social y a que “éste asuma una función constructiva en la sociedad”.
Mientras que el artículo 526 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece que el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes debe contar con entidades de atención donde se brinde formación socio-educativa e integral para los menores de edad detenidos.
“El deber del Estado es cumplir integralmente la atención del adolescente privado arbitrariamente de su libertad, en vista que todo está consagrado en normas nacionales e internacionales. Y además debe cumplir ese trato diferenciado de los adolescentes en este proceso totalmente arbitrario e ilegal”, explicó Prado.
El OVP exige al Estado venezolano dejar en libertad y sin restricciones a todas las personas privadas de libertad de forma arbitraria, respetar el derecho a la educación y que puedan seguir sus estudios. “Eso hace un estado respetuoso, pero aquí se aplica más la sanción como un castigo”, finalizó Prado.
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