La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por la ONU para investigar violaciones en Venezuela desde 2014, acusó a funcionarios de la Guardia Nacional (GN) de cometer graves violaciones de derechos humanos y delitos que califican como crímenes de lesa humanidad.
Según el documento, publicado este jueves, efectivos del cuerpo militar “perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género”.
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Militarización de la seguridad y ausencia de contrapesos
La misión concluyó que estos abusos ocurrieron en un contexto de impunidad sostenida, favorecido por la fusión de funciones policiales y militares dentro de la GNB.
Ese proceso, indican, consolidó la militarización de la seguridad ciudadana y amplió el papel de la institución en acciones de control social y represión interna.
El informe sostiene que esta estructura opera bajo una cadena de mando “altamente centralizada” en la figura del presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, lo que limita los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La investigación revisa la actuación del cuerpo militar durante las protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024, en las que la GNB habría ejercido un “uso desproporcionado de la fuerza”.
El texto asegura que funcionarios dispararon armas, algunas potencialmente letales, “de forma indebida”, e incluso “de forma indiscriminada” y “directamente en zonas vitales de los cuerpos de las víctimas”.
El estudio también registra hallazgos sobre la posible modificación de proyectiles para causar mayor daño, así como detenciones arbitrarias, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencia y actos de violencia sexual en centros de detención transitoria.
“No fueron incidentes aislados, formaron parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas”, afirmó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
Elementos que configuran delitos de lesa humanidad
El informe detalla que la GNB tuvo un rol determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de “persecución con motivos políticos”, vinculada especialmente a detenciones ocurridas en 2019 y 2020, así como a procedimientos ejecutados tras las elecciones de 2024.
Con base en los indicios reunidos, la misión considera que funcionarios de la GNB, así como altos mandos militares y políticos, podrían enfrentar responsabilidad penal conforme a los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, instrumento que rige la actuación de la Corte Penal Internacional.
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