La Corte Penal Internacional (CPI) celebró este martes 7 de noviembre la primera de las dos audiencias sobre la apelación de la administración de Nicolás Maduro contra la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En la audiencia, presidida por el juez Marc Perrin de Brichambaut, se trataron la presunta falta de detalle de la investigación de la Fiscalía, la admisión de documentos (registros judiciales) en español presentados por la administración de Nicolás Maduro y la supuesta negación de basarse en estos escritos, reseña TalCual.
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Mientras que del lado del gobierno venezolano se presentaron el canciller Yván Gil y Larry Devoe, abogado y representante venezolano para el sistema de derechos humanos.
La insólita excusa del gobierno de Nicolás Maduro en la CPI
En la segunda sesión de la jornada las partes abordaron los alegatos sobre el supuesto error de la Sala de Cuestiones Preliminares al no exigir al Fiscal de la CPI de no tomar en cuenta los documentos presentados por Venezuela en español. Los representantes del gobierno venezolano argumentaron que es la Fiscalía de la CPI la que tenía la obligación de traducir estos documentos a alguno de los idiomas oficiales de la Corte, es decir inglés o francés.
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“El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo, porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres”, argumentó el abogado británico Ben Emmerson, que representa al gobierno de Maduro.
Sin embargo, esta postura fue rechazada por la Fiscalía y por la Oficina de Defensa de las Víctimas, que recordaron que Venezuela podía haber solicitado oficialmente que el proceso se llevara adelante en español, pero no lo hizo.
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