En medio de una crisis carcelaria, el presidente Nicolás Maduro designó al diputado Julio García Zerpa como el nuevo ministro del Servicio Penitenciario. Esta decisión se produce en respuesta a una huelga de hambre iniciada por reclusos en 16 cárceles del país para protestar contra supuestas violaciones a sus derechos humanos.
Maduro expresó en un mensaje en la red social X que esta designación tiene como objetivo “continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y respetuoso de los Derechos Humanos”.
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Además, agradeció el trabajo realizado hasta el momento por Celsa Bautista, quien anteriormente ocupaba el cargo ministerial.
En su gestión se llevó a cabo la llamada “Operación Gran Cacique Guaicaipuro”, en la que los cuerpos de seguridad de Venezuela intervinieron las cárceles, comenzando por el penal de Tocorón, para “acabar” con el “Tren de Aragua”.
Julio García Zerpa, quien también se desempeña como parlamentario ante la Asamblea Nacional, asume la responsabilidad de liderar el Ministerio para el Sistema Penitenciario en un momento crítico.
Nicolás Maduro designa nuevo ministro Penitenciario tras huelga de hambre en cárceles del país
Como muestra de protesta, los presos de al menos 16 cárceles en Venezuela, incluyendo la reabierta cárcel de Sabaneta en Maracaibo, iniciaron una huelga de hambre, este domingo 9 de junio. Su objetivo es denunciar las condiciones inhumanas y exigir cambios urgentes en el sistema penitenciario del país.
Los reclusos, enfrentando hacinamiento, retardo procesal y violaciones a sus derechos humanos, alzaron su voz en un acto de desesperación. Las cárceles, marcadas por la falta de servicios básicos, la corrupción de funcionarios y la violencia, se convirtieron en verdaderos “infiernos en la tierra” según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“Los familiares de los presos aseguraron que entre las peticiones de la población reclusa se encuentra la actualización oportuna de sus cómputos, otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen y el cese de los planes de abordaje impulsados por el Ministerio que, a su parecer, no les aportan ninguna solución a su situación jurídica”, enfatizó la OVP.
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