El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles después de que el Congreso de su país, lo destituyera por anunciar la disolución de esa Cámara y la instauración de un “gobierno de excepción”.
Castillo, está detenido en la prefectura de Lima, dijo una fuente con conocimiento del caso. La misma fuente agrega que el abogado del exmandatario es el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
Los eventos se precipitaron después de que el mandatario hiciera el inesperado anuncio en cadena nacional -que fue calificado de “golpe de Estado” por representantes de todo el espectro político-; a pocas horas de una sesión del Congreso en la que debía votarse una moción de vacancia en su contra.
Tras el anuncio de Castillo, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente por “incapacidad moral”, es decir, su destitución; con 101 votos a favor, y decretó que asuma la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte, tal como reseña BBC.
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Según informan medios locales, Castillo se presentó después ante la prefectura de la policía en Lima, donde fue arrestado.
La Policía Nacional de Perú confirmó en su cuenta de Twitter que Castillo se encuentra detenido.
El mensaje de Pedro Castillo precipitó los hechos
“Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el art. 5 de D.L n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú; efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo”, informó la institución en un mensaje que luego fue borrado.
Antes de su destitución y posterior detención, Castillo, en un mensaje a la nación; aseguró que su decisión de disolver el Congreso respondía a la “obstrucción” que ha enfrentado su gobierno por parte del Poder Legislativo.
La presidencia de Pedro Castillo fue problemática de principio a fin
Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces, ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción y se ha visto obligado a reemplazar su cartera de ministros en varias ocasiones.
Tras el anuncio del presidente de este miércoles, los ministros de Economía, Justicia, Trabajo y Relaciones Exteriores. Así como el embajador de Perú ante la ONU, anunciaron su dimisión.
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El abogado de Castillo también anunció que renunciaba a representar a su cliente.
Poco después, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron:
“Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.
El Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, calificó al gobierno de Castillo como “usurpador”.
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