Acusan al presidente del Metro de Maracaibo de imponer prácticas militares dentro de la institución y abusar de su poder

Por El Vigilante — 29 de septiembre de 2025

Foto: Agencias

El general de División Miguel Ramírez González, presidente del Metro de Maracaibo desde 2022, enfrenta fuertes denuncias por parte de trabajadores y dirigentes comunitarios quienes lo acusan de manejar la institución “como un cuartel militar”.

Según testimonios recogidos, su gestión ha estado marcada por presuntos atropellos laborales, nepotismo y decisiones administrativas cuestionadas.

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De acuerdo con Infobae, el politólogo y empleado de la empresa, Rafael Ángel Olmos Quintero, afirmó que desde la llegada del oficial y su familia a la presidencia se han registrado «abusos de poder, terror laboral y robo de beneficios».

Además, señaló que en los años 2023 y 2024 no se pagaron aguinaldos a la plantilla y que, pese a las denuncias, ni el Ministerio de Trabajo ni otros organismos han intervenido.

Olmos, con más de dos décadas en la administración pública y 13 años en la empresa, relató que acudió al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) para exponer casos de acoso laboral y restricciones de derechos, pero aseguró que las investigaciones fueron bloqueadas.

«Incluso se impidió la entrada de un inspector del trabajo, a quien amenazaron con detener si regresaba», denunció.

Trabajadores exigen respuestas

De acuerdo con los denunciantes, la actuación del general Ramírez González refleja un patrón de militarización en cargos civiles, donde prevalece la obediencia castrense por encima de la normativa laboral.

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Olmos sostiene que ha elevado comunicaciones a ministros de Transporte y Trabajo sin obtener respuesta, y alerta que su caso ejemplifica «una flagrante violación de derechos humanos, constitucionales y laborales».

La situación en el Metro de Maracaibo coincide con el deterioro general de las condiciones laborales en empresas estatales, donde trabajadores enfrentan salarios precarios, acoso y ausencia de garantías jurídicas.

La falta de pronunciamientos oficiales aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la institución, que debería prestar un servicio público esencial para la capital zuliana.

Olmos finalizó su denuncia con un llamado a «civilizar a los militares en lugar de militarizar a los civiles», exigiendo la intervención del Ministerio Público y de instancias internacionales. Mientras tanto, los empleados continúan en un clima de temor y vulnerabilidad frente a la gestión actual.

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