ONG asegura que más de mil presos políticos enfrentan torturas y tratos inhumanos desde las presidenciales del 2024
Por El Vigilante — 14 de julio de 2025
Foto: El Nacional
A pocos días de cumplirse un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela atraviesa lo que ONG y organizaciones defensoras de derechos humanos califican como una de las etapas más oscuras en las últimas dos décadas.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este lunes que más de mil personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, muchas de ellas bajo condiciones que podrían constituir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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La información fue difundida por Martha Tineo, coordinadora general de JEP, quien ofreció un balance preocupante sobre la situación de los derechos humanos en el país.
“Antes del 28 de julio de 2024, teníamos poco más de 300 presos políticos. A partir del día siguiente, esa cifra se triplicó. Es una clara señal de cómo se ha consolidado el aparato represivo del Estado tras unas elecciones plagadas de irregularidades”, afirmó.
El aumento de detenciones ocurrió en el contexto de unos comicios ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, debido a la exclusión de candidatos opositores, la falta de garantías electorales y la represión de voces disidentes.
Desde entonces, el gobierno de Nicolás Maduro intensificó la persecución contra activistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y ciudadanos críticos.
Patrón de represión: detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso
Según JEP, la mayoría de las detenciones se han ejecutado sin orden judicial y sin fundamentos probatorios sólidos. En muchos casos, las personas detenidas no han sido presentadas ante tribunales o se les ha negado el derecho a la defensa.
“Estas personas están privadas de libertad en violación del principio de presunción de inocencia. No hay juicios ni garantías procesales. Es una prisión de castigo y de silencio”, aseguró Tineo.
La ONG alertó que este patrón de detenciones y procesamiento judicial irregular se ha convertido en una herramienta de control social. Las imputaciones se utilizan para desarticular la disidencia y disuadir la participación ciudadana.
Centros de detención: focos de sufrimiento y aislamiento, según ONG
El informe de JEP también pone el foco en las condiciones dentro de los centros de reclusión, donde el hacinamiento, la falta de agua potable, la alimentación deficiente y la ausencia de atención médica básica deterioran rápidamente la salud física y mental de los detenidos.
Uno de los hallazgos más alarmantes es la reclusión arbitraria de cuatro adolescentes, en condiciones que violan directamente la Convención sobre los Derechos del Niño.
Además, se documentó el uso sistemático del aislamiento prolongado y la incomunicación como mecanismo de castigo, lo que incrementa la vulnerabilidad de los detenidos frente a la tortura.
“En muchos casos, ni siquiera los abogados defensores ni los familiares han podido tener contacto con los presos. Esto vulnera todos los estándares internacionales. Se trata de una política de desaparición parcial y de indefensión total”, denunció la vocera de JEP.
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