Solicitan al TSJ revocar la nacionalidad de 25 venezolanos en el exilio: María Corina Machado y Edmundo González están en la lista

El político Luis Ratti presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una petición para suspender la nacionalidad de dirigentes y comunicadores críticos del gobierno

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El dirigente político Luis Ratti acudió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la revocación de la nacionalidad venezolana a un grupo de 25 ciudadanos, entre ellos María Corina Machado, y el exembajador Edmundo González.

La solicitud, que fue acompañada de un documento legal, busca la suspensión de la ciudadanía por presuntas acciones “contra la soberanía nacional”.

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Ratti explicó a través de un video difundido en sus redes sociales, que la medida forma parte de una iniciativa que, según dijo, “defiende la paz y la integridad del país”.

“Ya presentamos el recurso ante el TSJ junto con nuestros abogados. Esperamos que se actúe con rapidez y que haya justicia en favor de la soberanía venezolana”, expresó.

Los nombres incluidos en la lista para el TSJ

Entre los señalados se encuentran figuras políticas y periodistas que permanecen fuera del país y que mantienen algún tipo de actividad pública o política desde el exilio.

  • Juan Guaidó.
  • Julio Borges.
  • Antonio Ledezma.
  • Dinorah Figuera.
  • Magally Meda.
  • Iván Simonovis.
  • Eduardo Menoni.
  • Emmanuel Rincón.
  • Orlando Avendaño.
  • Carla Angola.
  • Nitu Pérez Osuna.
  • Rafael Poleo, entre otros.

Esta acción ocurre pocos días después de que Nicolás Maduro solicitara al TSJ retirar la nacionalidad al dirigente Leopoldo López. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró entonces que López había incurrido en “violaciones graves” a la soberanía nacional al promover sanciones internacionales y respaldar la posibilidad de una intervención extranjera.

Fuentes oficiales indicaron que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ya estarían evaluando la anulación del pasaporte de López, quien reside en Madrid desde 2020.

El propio dirigente calificó la decisión como “una arbitrariedad sin sustento legal” y señaló que no apelará ante lo que considera un sistema judicial sin independencia.

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