A Luis Fernando Vuteff García, el yerno de Antonio Ledezma y acusado de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA, lo extraditaron desde Suiza a Estados Unidos.
La información la confirmó el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) y agregó que a Vuteff lo apresaron en Florida.
Vuteff García es pareja de Antonietta Ledezma Capriles, hija del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y con la que tiene dos hijos. Además, ambos tienen la Fundación Crecer sin Fronteras en Madrid destinada a atender a los hijos de familias migrantes en España.
Según la acusación, Vuteff García, de 51 años, trabajaba junto a Ralph Steinmann, de 48 años y nacionalidad suiza. A ambos los investigaron por “conspiración para cometer lavado de dinero” mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.
El caso se lo bautizó como operación “Money Flight” e implica el lavado de 1.200 millones de dólares, fondos obtenidos de manera corrupta de PDVSA.
Arrestan en Estados Unidos a Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma
La justicia internacional concluyó que entre diciembre de 2014 y agosto de 2018 Vuteff García y Steinmann “conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense”.
Cuando el caso salió a la luz, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado contando detalles de la operación. “Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos”, explicaba.
Vuteff García, Steinmann y otros involucrados acordaron crear los “mecanismos financieros” y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares.
Así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.
Steinmann sigue prófugo de la Justicia y Vuteff García es el único detenido en la causa. A la espera del juicio, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión por “conspiración para cometer lavado de dinero”.
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