La tensión y disgusto de los educadores aumentó desde que el presidente Nicolás Maduro anunciara, este 15 de enero, un aumento de salario indexado en las bonificaciones sin tomar en cuenta las reivindicaciones salariales que exigen los maestros desde hace más de un año.
Ante esto, el magisterio zuliano se concentró en las afueras de la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo para exigir soluciones ante la espera de 668 días que contabilizan sin aumento de salarios y mejora de los beneficios laborales.
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La protesta se realizó la mañana de este miércoles 17 de enero, donde alrededor de 30 docentes rechazaron la crítica situación que atraviesa la educación en el país y la infraestructura deteriorada de las escuelas públicas en el Zulia.
Gualberto Mas y Rubí, coordinador de la Coalición Sindical Magisterial del Estado Zulia, tildó el anuncio de Nicolás Maduro como una “política neoliberal” que, de no cambiarla, perjudicará el cobro de los trabajadores en sus prestaciones sociales.
“Un maestro que gane 300 bolívares mensuales va a cobrar de vacaciones Bs. 600 si no logramos que aumenten los sueldos. Si no mejoramos los salarios, cuando un docente salga jubilado las prestaciones no serán valoradas en 100 dólares sino en 20 dólares”, aseguró Mas y Rubi.
Seguirán las protestas
El también presidente del Sindicato Unitario del Magisterio Zuliano (SUMA-ZULIA) aseguró que los maestros continuarán en las calles, para defender sus derechos laborales y lograr la firma de la tercera contratación colectiva.
Por su parte, Alexander Castro, miembro de la Coalición Magisterial, ratificó que los educadores seguirán en pie de lucha hasta conseguir sus reivindicaciones laborales como: servicios funerarios, seguro hospitalario y asistencia médica.
“Los maestros llegan a las escuelas en condiciones deplorables, las escuelas están destruidas sin alimentos, sin agua y sin electricidad. Estamos atravesando la peor crisis del magisterio zuliano”, concluyó.
Asimismo, como “una burla” llamó la maestra Zuly Camargo al aumento indexado del salario, ya que asegura que las bonificaciones no forman parte del sueldo de un trabajador público.
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