Tribunal Supremo de Estados Unidos autoriza a Trump continuar con las deportaciones de migrantes a terceros países

Con esta decisión, el máximo tribunal revierte temporalmente el fallo del juez Brian Murphy, del estado de Massachusetts

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este lunes 23 de junio una de las medidas más polémicas del gobierno de Donald Trump al permitir deportar migrantes indocumentados a terceros países.

La votación, con un resultado de seis a tres, levantó la suspensión dictada por un juez federal que impedía la deportación de ocho extranjeros, entre ellos dos cubanos y un mexicano, hacia Sudán del Sur.

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Con esta decisión, el máximo tribunal revierte temporalmente el fallo del juez Brian Murphy, del estado de Massachusetts, quien había frenado el traslado de los migrantes por considerar que no se les garantizó una defensa legal adecuada y que la deportación los exponía a posibles actos de tortura.

La medida judicial también tenía en cuenta que el país africano atraviesa una guerra civil activa, además de que el mismo Departamento de Estado lo calificó como una zona de conflicto extremo.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, celebró la medida judicial como una victoria del Ejecutivo y aseguró que la administración ahora podrá “ejercer su autoridad legal”.

En un mensaje con tono desafiante, declaró: “¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!”, dejando en claro que el Gobierno pretende acelerar los traslados lo antes posible.

El Salvador: nueva escala de deportación de Trump

El caso de Sudán del Sur no es el único que despierta alarma. La Casa Blanca también envió más de 200 migrantes a una mega cárcel en El Salvador, tras firmar un acuerdo con el presidente Nayib Bukele.

Según fuentes oficiales, el convenio contempla la permanencia de los deportados por al menos un año a cambio de una transferencia inicial de seis millones de dólares al gobierno salvadoreño.

Organismos de derechos humanos han denunciado que los detenidos en El Salvador se encuentran incomunicados, sin acceso regular a abogados ni a familiares, lo que representa una grave vulneración a sus garantías procesales.

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