Luego de que la Asociación Estadal de Estacionamiento Judiciales del Estado Zulia (Asoestzul) denunciara robos y amenazas por parte de grupos indígenas, los yukpas siguen acechando y retan a las autoridades.
A través de la cuenta en Instagram de la asociación se publicaron algunas fotos y videos de la situación que cada vez se torna más violenta en el estacionamiento Doña Carmen, ubicado en el kilómetro 16 de la parroquia Los Cortijos, municipio San Francisco.
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“Varios grupos de las etnias yukpa y watia están llegando a los diferentes estacionamientos de los municipios Maracaibo y San Francisco para ingresar de formar violenta para sacar y comercializar como chatarra los vehículos que se encuentran en dichas instalaciones. Amenazan a los vigilantes que los van a golpear por no abrir el portón”, alerta la Asoestzul en una de las publicaciones.
“Este grupo de personas que quieren ingresar por las buenas o las malas”, enfatizan.
Indígenas en estacionamiento judicial retan a los cuerpos de seguridad
En otro video, uno de los indígenas le asegura, presuntamente a una de las trabajadoras del estacionamiento Doña Carmen, que “si no le tienen respuesta, van a romper los candados”.
Ante esto, la mujer responde “si tú me rompes los candados aquí, yo lo que te puedo llamar es a la Policía, la Guardia Nacional y todo eso. Te denuncio como un delincuente y eso es lo que no queremos”.
El indígena, luego de la respuesta de la mujer, le asegura: “la Policía no me va a hacer nada”.
Según la Asoestzul, los yukpas alegan que son dueños de esas tierras, por lo tanto, lo son de los vehículos livianos, pesados, motocicletas, embarcaciones marítimas, entre otros bienes que allí se encuentran en resguardo judicial.
Además, la asociación denunció que ningún cuerpo de seguridad se hace cargo. “Hemos realizado las denuncias pertinentes, donde nos manifestaron que no pueden atendernos por tratarse de estas etnias”, explican en una carta que hicieron llegar a El Vigilante.
Los indígenas se apuestan en las afueras del estacionamiento y tomaron represalias contra los propietarios de los vehículos y vigilantes del lugar por reportar la situación, mientras, tanto como los tres niveles de gobierno, las autoridades ignoran la situación.
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