La Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría pesuvista, aprobó por unanimidad la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, un marco legal que surge en el contexto del actual gobierno socialista.
Esta ley tiene como objetivo principal enfrentar el bloqueo impuesto por Estados Unidos y proteger la regencia de Nicolás Maduro de acciones desestabilizadoras.
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley Simón Bolívar es su facultad para sancionar a aquellos que, de manera directa o indirecta, intenten socavar la administración madurista.
La ley se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se encargará de aplicar estas sanciones y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
Esta decisión refleja la postura de la administración de Maduro de resistir a cualquier precio, los cuestionamientos externos y consolidar su base de poder interno.
Parte de lo que contempla la Ley Simón Bolívar
Entre las sanciones que contempla la ley, se incluyen inhabilitaciones políticas y penas de prisión de hasta 30 años.
Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, defendió la ley durante el debate parlamentario, rechazando las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a 21 funcionarios de la gestión socialista.
Según enfatizó Rodríguez, los sancionados ‘representan la dignidad y valentía del pueblo venezolano’ frente a lo que describió como un “imperio decrépito”.
Además, la Asamblea Nacional avanzó en la aprobación de un proyecto para crear la Condecoración Orden Bicentenario Victoria de Ayacucho, destinada a honrar a aquellos sancionados por el gobierno estadounidense.
La Ley Simón Bolívar se presenta, por tanto, como un instrumento legal con el que la gestión de Nicolás Maduro busca fortalecer su posición y enfrentar las adversidades internacionales, mientras neutraliza las críticas y acciones de la oposición dentro del país.