Abogado Juan Pablo Montiel consignó ante la Asamblea Nacional las pruebas sobre presuntas irregularidades en el sistema judicial penal del Zulia

El abogado penalista Juan Pablo Montiel consignó formalmente ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional una denuncia acompañada de diversos elementos probatorios relacionados con presuntas irregularidades dentro del sistema judicial penal del estado Zulia.

La actuación la presentó ante la instancia parlamentaria encargada de asuntos vinculados con administración de justicia, derechos humanos y control institucional, con base en lo establecido en el artículo 51 de la Constitución nacional y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

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Denuncia irregularidades en el sistema judicial del Zulia

Según explicó Montiel, la documentación entregada incluye señalamientos sobre posibles casos de retardo procesal, diferimientos reiterados de audiencias, distribución irregular de expedientes y obstáculos económicos que, presuntamente, dificultan el acceso de los ciudadanos a recursos judiciales.

El jurista sostuvo además que dentro de los planteamientos consignados también se exponen situaciones que podrían resultar incompatibles con los principios constitucionales relacionados con la tutela judicial efectiva y la independencia del sistema de justicia.

De acuerdo con lo informado, la solicitud presentada ante la comisión parlamentaria también contempla la evaluación de mecanismos de investigación sobre el funcionamiento del sistema judicial penal en el estado Zulia, así como la posibilidad de recibir testimonios de ciudadanos, abogados y funcionarios vinculados con las situaciones denunciadas.

“El objetivo de esta actuación es que las instituciones competentes puedan revisar de manera seria y objetiva situaciones que vienen siendo denunciadas desde hace tiempo por distintos sectores vinculados al sistema de justicia”, expresó Montiel.

El abogado reiteró que su iniciativa no busca promover confrontaciones personales ni señalamientos individuales contra jueces, fiscales u otros operadores de justicia.

 Aseguró que su intención es visibilizar problemas estructurales que, según afirmó, terminan afectando principalmente a ciudadanos de bajos recursos económicos.

Montiel señaló que muchas personas enfrentan dificultades para sostener procesos judiciales prolongados debido a costos asociados y retrasos en la administración de justicia, situación que, a su juicio, impacta directamente el acceso efectivo a mecanismos legales de defensa.