Un operativo conjunto entre organismos de seguridad de Colombia y Venezuela culminó con la detención de una mujer señalada de explotar sexualmente a sus tres hijas y de comercializar material ilícito en plataformas clandestinas de internet, tras una investigación que se extendió durante ocho meses.
El caso comenzó a estructurarse en junio de 2025, durante una reunión de trabajo coordinada por Interpol, en la que analistas examinaron 24 archivos, entre videos e imágenes, vinculados a abuso infantil.
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En esos registros, los expertos identificaron acentos asociados a la región colombiana de Santander y a Venezuela, lo que orientó las primeras líneas de investigación.
Así lograron su aprehensión
A partir de ese punto, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) activó un proceso de rastreo digital en coordinación con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que permitió seguir la pista de los responsables y ubicar a las posibles víctimas.
Entre el 4 y el 14 de marzo de 2026, las autoridades localizaron a tres niñas de 7, 11 y 13 años y ejecutaron la captura de su madre, quien está acusada de haber producido material de explotación infantil en 2023 y distribuirlo a través de la llamada “dark web”. Este tipo de contenido suele identificarse mediante sistemas internacionales que comparan archivos digitales para determinar su origen.
Los investigadores utilizaron análisis forense para avanzar en la identificación. Los metadatos de los archivos señalaron que parte del material había sido grabado en la ciudad de Bucaramanga, información que coincidió con el testimonio recabado de una de las menores.
En paralelo, los expertos rastrearon la actividad digital de la mujer y detectaron al menos 12 perfiles activos en redes sociales.
Las cuentas, ubicadas en plataformas como Facebook y TikTok, contenían imágenes en las que aparecía la mujer junto a las niñas. El cruce de estos registros con los archivos investigados permitió identificar rasgos físicos como tatuajes, lunares y marcas de nacimiento, lo que consolidó la identificación tanto de las víctimas como de la presunta responsable.
El 28 de enero de 2026, las autoridades confirmaron plenamente la identidad de la mujer y establecieron que las niñas habían residido durante 2025 en Cúcuta. Un mes después, el 26 de febrero, la sospechosa se trasladó hacia Ureña, donde permaneció mientras avanzaban las pesquisas.
La investigación
El primer resultado operativo se produjo el 4 de marzo, cuando una de las menores fue ubicada en Cúcuta y se activaron los protocolos de protección. Paralelamente, se emitió una notificación azul de Interpol para fortalecer la localización de la mujer y coordinar acciones internacionales.
La cooperación permitió que funcionarios del CICPC desplegaran un operativo en territorio venezolano. El 13 de marzo, las autoridades rescataron a las otras dos niñas en Ureña. Durante el procedimiento, los agentes determinaron que la mujer se ocultaba en una vivienda cercana, perteneciente a familiares de su pareja.
La captura se concretó el 14 de marzo. Tras su detención, la mujer quedó a disposición de las autoridades venezolanas, que ahora avanzan en el proceso judicial correspondiente.
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