La justicia venezolana aplaza la audiencia de apertura del juicio a Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, para el 8 de agosto. El activista fue detenido tras denunciar vínculos de la gestión de Nicolás Maduro con disidencias de las FARC.
La información la dio a conocer Gonzalo Himiob, director del Foro Penal y abogado defensor, quien resaltó que a pesar de que estaban todas las partes presentes como:
Fiscalía, el juez, abogados e incluso el propio Javier que la justicia trasladó a los tribunales competentes, la apertura de audiencia de juicio no se realizó y se desconoce el motivo.
Más temprano la madre de Javier y Rafael Tarazona, mediante un emotivo video en Twitter, rogó por la pronta liberación de sus hijos y de Omar de Dios García.
“Pido como madre su libertad. Sus familias los necesitan libres. De corazón les clamo que les den la libertad a mis hijos”, dijo en voz llorosa, Teresa Sánchez, madre de los presos políticos.
Libertad para Javier Tarazona
Recientemente varias ONG de Venezuela han exigido la liberación del preso político al cumplirse once meses de su detención, que se produjo el 2 de julio de 2021, luego de que lo acusaran de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
Las entidades, entre las que se encuentran Provea, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Acción por la Libertad y Fundaredes, solicitaron atención médica para el activista mientras permanezca detenido. ya que aseguran que su salud es delicada al tener, desde antes de su arresto, problemas cardíacos que se han complicado en prisión.
A Tarazona lo capturaron junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón, cuando acudían a la oficina fiscal de Coro para denunciar el acoso y la persecución de la que eran víctimas por funcionarios de la policía y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
No obstante, a Rafael Tarazona y a García los excarcelaron el 26 de octubre de 2021. Bajo el régimen de presentación, tal como reseña El Nacional.
La libertad de Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, ha sido solicitada de manera reiterada por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
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