Misión de la ONU en Venezuela alerta sobre “múltiples y crecientes violaciones y crímenes cometidos por el Gobierno”

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela emitió una alerta sobre las “violaciones y crímenes crecientes cometidos por el Gobierno venezolano” en su informe reciente.

La misión detalla una serie de graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el período electoral de 2024.

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Según el documento, las fuerzas de seguridad, incluyendo el Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional (GNB) y la Policía Nacional (PNB), están involucradas en actos de “asesinato, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual y de género.

«La investigación, que amplía el informe de la Misión de Determinación de los Hechos presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta múltiples y crecientes violaciones y crimenes cometidos por el gobierno cometidas por el gobierno venezolano, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales antes, durante y después de las controvertidas elecciones presidenciales de julio”, resalta el texto.

Asimismo, la ONU resalta que estas acciones se dirigen tanto “contra opositores políticos como contra ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con los resultados de las elecciones”.

“Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, que se llevan a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad”, detallaron.

Misión de la ONU: «represión en Venezuela fue antes, durante y después de las presidenciales»

El informe también señala que la represión no se limitó a la jornada electoral, sino que continuó en los días posteriores.

“La Misión ha informado que las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se auto incriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo”, subrayaron.

Asimismo, continuaron diciendo que “la falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas. Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional”.