La diputada Nora Bracho consignó el pasado 5 de junio un documento ante la sede del Ministerio de Energía Eléctrica en el que solicita una rendición de cuentas sobre la crisis que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La parlamentaria sostuvo que las constantes fallas en el suministro eléctrico vulneran los derechos humanos de la población y aseguró que el deterioro del servicio afecta a todo el país, con un impacto severo en el estado Zulia.
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“Venezuela entera padece la ineficiencia de un sistema centralizado”
Durante la presentación de la exigencia formal, Bracho afirmó que actuó en ejercicio de las atribuciones de control político contempladas en los artículos 187 y 222 de la Constitución.
Indicó que el racionamiento eléctrico repercute en la productividad, la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos, mientras que en las regiones con altas temperaturas las interrupciones prolongadas representan un riesgo para la salud de la población.
«Venezuela entera padece la ineficiencia de un sistema centralizado, pero someter a regiones como el Zulia a cortes inhumanos con temperaturas que superan los 44°C no es ‘administración de carga’, es una política de tortura que atenta contra la integridad de niños, ancianos y enfermos», sentenció Bracho.
La legisladora también se refirió al proyecto de ley para el sector eléctrico, actualmente en manos de la Secretaría de la Asamblea Nacional para su segunda discusión. A su juicio, el instrumento legal debe someterse a una consulta pública amplia para incorporar las propuestas de distintos sectores del país y contribuir a una solución estructural de la crisis de los servicios públicos.
«Esta ley no debe ser simplemente una simulación de consulta con un funcionariado que, aunque es importante, no representa a todos los sectores del país».
Bracho planteó que el proceso de consulta debe incluir a universidades, academias, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Consideró que la participación de estos sectores permitiría fortalecer la transparencia en un área marcada, según señaló, por denuncias de corrupción y por la pérdida de personal especializado.
Estas son las exigencias
En el documento entregado al ministerio, la diputada formuló tres exigencias principales. La primera se centra en los criterios de distribución de la carga eléctrica.
Solicitó que el despacho explique las razones por las cuales, según afirmó, la Región Capital mantiene condiciones de suministro distintas al resto del país y pidió un cronograma de inversiones para recuperar plantas de generación regionales, entre ellas Termozulia, con el objetivo de reducir la dependencia de la transmisión desde la central hidroeléctrica del Guri.
El segundo punto aborda el estado de la infraestructura eléctrica. La parlamentaria pidió un informe auditado sobre el mantenimiento de la red troncal nacional y, de forma específica, sobre las líneas y torres de transmisión que atraviesan el Lago de Maracaibo. Señaló que las fallas recurrentes en esa infraestructura mantienen comprometido el suministro eléctrico en el occidente venezolano pese a los anuncios oficiales sobre su fortalecimiento.
Como tercer aspecto, Bracho solicitó que el ministerio establezca mecanismos para compensar los daños ocasionados a los ciudadanos por las fluctuaciones eléctricas. Entre las alternativas planteó indemnizaciones directas por la pérdida de electrodomésticos o la exoneración de tarifas del servicio como medida para resarcir el patrimonio de las familias afectadas.
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