A partir de este 1 de junio entró en vigencia el nuevo ajuste del pasaje urbano en Venezuela, que fija la tarifa máxima en 140 bolívares, equivalente a aproximadamente 0,25 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
La medida permanecerá vigente durante los meses de junio y julio, mientras el Ejecutivo nacional prepara un esquema de actualización mensual indexado al comportamiento del tipo de cambio oficial.
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La ministra para el Transporte, Jacqueline Farías, confirmó que el ajuste ya fue aprobado y que será formalizado mediante su publicación en Gaceta Oficial. La funcionaria explicó que el Gobierno decidió mantener el monto sin variaciones durante dos meses para ofrecer mayor previsibilidad a usuarios y transportistas.
“Hemos decretado un exhorto, va a salir en Gaceta el día 1 de junio, a que la tarifa máxima del transporte urbano sea de 140 bolívares. Eso durante todo el mes de junio y julio. Todo esos dos meses la tarifa va a ser de 140”, declaró Farías.
El incremento fue acordado durante una reunión del Órgano Superior de Transporte realizada en Caracas la semana pasada, en la que participaron representantes del sector transporte y autoridades nacionales. El objetivo del encuentro fue establecer una tarifa que permitiera cubrir parte de los costos operativos de las unidades, afectados por el aumento constante de repuestos, mantenimiento y otros insumos.
Sin embargo, el nuevo pasaje urbano supera el salario mínimo mensual vigente en el país, que permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022.
Cobros ilegales
Mientras tanto, en distintas regiones del país los usuarios denuncian que algunas rutas ya cobran tarifas superiores a las autorizadas.
En Maracaibo, por ejemplo, pasajeros reportan que varias unidades del transporte urbano exigen hasta 250 bolívares por viaje, una cifra considerablemente superior al monto oficial anunciado por el Ejecutivo nacional.
Aunque el Gobierno sostiene que la medida busca garantizar la operatividad del sistema de transporte público, numerosos ciudadanos advierten que el ajuste incrementará aún más la carga económica de las familias venezolanas que dependen diariamente de autobuses y carritos por puesto para trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio.
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