La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado venezolano cerrar el centro de detención conocido como El Helicoide en un plazo de 18 meses, tras determinar su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidas contra el estudiante Jorge Rojas durante su detención en 2003.
El tribunal internacional estableció que el cierre de las instalaciones debe ejecutarse dentro del período fijado y dispuso que las personas privadas de libertad que permanezcan en el recinto sean trasladadas bajo condiciones que respeten los estándares internacionales en materia de integridad personal, libertad individual y debido proceso.
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En el fallo, la Corte señaló que diversos organismos internacionales han documentado durante años denuncias sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos recluidos en El Helicoide.
Entre las referencias consideradas por el tribunal figuran informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según la sentencia, existen fundamentos suficientes para concluir que numerosas personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y de distintos tipos de abusos mientras permanecían bajo custodia en ese centro de reclusión.
La Corte sostuvo además que estas violaciones las ejecutaron organismos de inteligencia del Estado, específicamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), institución que sucedió a la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
El caso de Jorge Rojas
La decisión judicial se origina en el caso de Jorge Rojas, quien quedó detenido el 19 de septiembre de 2003 durante una manifestación realizada en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, en medio de protestas contra el entonces presidente Hugo Chávez.
La Corte concluyó que el Estado restringió de manera indebida su participación en una protesta pacífica y vulneró sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión y participación política.
El tribunal también determinó que agentes estatales sometieron a Rojas a actos de tortura mientras permanecía bajo custodia. En la sentencia se describe que el estudiante sufrió agresiones físicas, amenazas de violencia sexual, humillaciones, simulacros de ejecución y lo apuntaron con armas de fuego durante su reclusión.
Además, la Corte destacó que estos hechos ocurrieron en un contexto de impunidad frente a denuncias similares registradas dentro de El Helicoide.
Tras su detención, Rojas quedó condenado en agosto de 2004 a cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Sin embargo, su defensa apeló la decisión y años después, en junio de 2009, un tribunal ordenó la extinción de su responsabilidad penal y su libertad plena.
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