Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Ecuador rechazan detención de Rocío San Miguel y expulsión de miembros de la ACNUDH en Venezuela

Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expresaron su profunda preocupación por la detención de la activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel en Venezuela.

En un comunicado conjunto, emitido este jueves 15 de febrero, estos países hicieron un enérgico llamado a las autoridades venezolanas para liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados.

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A Rocío San Miguel, quien enfrenta un proceso judicial por “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, la detuvieron desde el pasado viernes 9 de febrero y se encuentra recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Cabe destacar que San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012.

Además de la detención de la activista, cinco de sus familiares y allegados, incluyendo una expareja, también los arrestaron. Este hecho provocó un masivo rechazo tanto dentro como fuera de Venezuela.

En el mismo comunicado, los cinco países mencionados también rechazaron las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Venezuela.

Instaron al respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo.

Por otro lado, el gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la oficina en Caracas de la ACNUDH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), argumentando que esta oficina ha “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo.