La palmicultura en Venezuela atraviesa su crisis más grave en años, con miles de familias en riesgo debido a la falta de pago y el incumplimiento de acuerdos por parte de la industria.
Productores ubicados principalmente en El Guayabo, municipio Catatumbo, alzaron su voz en representación de más de 15 asociaciones del país, con el respaldo de la Federación de Palmicultores de Venezuela (Fepalven), para denunciar la situación que amenaza con paralizar el sector.
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Incumplimiento de acuerdos y pagos retrasados
El descontento de los palmicultores radica en la violación de un acuerdo firmado en 2023, que pactaba un pago del 17 % del valor del aceite rojo de palma para los productores.
Este acuerdo, alcanzado con el Ministerio de Agricultura, Sunagro, y las extractoras, fue una esperanza para los productores, quienes confiaron en una alianza estratégica que permitió la estabilidad durante más de un año.
Sin embargo, desde finales de 2024 y hasta la fecha, la industria ha desconocido este pacto, con retrasos que superan los tres meses en algunos casos.
Luis Urbina, presidente de Fepalven, lamentó esta situación: «Llevamos más de 8 meses reclamando eso. Un productor no puede pasar más de 8 días de entregar su cosecha y que la planta extractora no la cancele».
Este retraso es especialmente perjudicial, ya que la fruta fresca, conocida como «corozo», es altamente perecedera y debe ser procesada inmediatamente para evitar su pérdida. «Ellos podrán conservar el aceite, pero ¿quién nos conserva a nosotros un producto que es perecedero? Necesitamos defender el cultivo», declaró Mercedes Arámbulo, directiva de la Federación.
Importaciones desmedidas y la amenaza de la soberanía alimentaria
A pesar de contar con 120,000 hectáreas de palma en producción, Venezuela no está cubriendo ni el 50 % de la demanda interna. Los productores aseguran que el país podría abastecer el 100 % del mercado nacional, pero la liberalización de las importaciones de aceites y grasas extranjeras ha afectado gravemente al sector.
Según los agricultores, las importaciones de aceite de palma a precios bajos no solo dañan la competitividad del mercado local, sino que también generan una fuga de divisas que perjudica la economía del país.
Carlos Chacín, representante de Asopalpro, expresó que la situación es insostenible.
«Nos están matando con el precio, nos están matando con los pagos… nosotros estamos financiando la industria por los atrasos». Además, la palmicultura representa un sostén vital para las familias de municipios como Jesús María Semprún y Catatumbo, donde más de 700 familias dependen directamente de la producción.
Un llamado urgente al Ejecutivo
Ante la gravedad de la situación, las bases productoras exigen a la presidenta encargada Delcy Rodríguez reactivar de inmediato las mesas de evaluación mensual, las cuales llevan más de un año congeladas.
Nubia Gómez, productora local, hizo un llamado desesperado al gobierno: «Óiganos, presidenta Delcy, auxílienos porque estamos perdidos en este mundo que no sabemos para dónde coger».
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