Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron este lunes 15 de diciembre en Bruselas extender por un año más, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela.
La decisión, tomada en respuesta a la persistente crisis política e institucional del país, mantiene vigentes las medidas restrictivas adoptadas por el bloque comunitario desde 2017.
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Por esta razón prorrogaron las sanciones
El Consejo de la UE explicó que la prórroga se sustenta en “las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.
Según el organismo, estos factores impiden una normalización de las relaciones políticas con Caracas.
Actualmente, las sanciones europeas afectan a 69 personas vinculadas al aparato gubernamental venezolano. Estas medidas incluyen la congelación de activos en territorio comunitario, la prohibición de poner a su disposición fondos o recursos económicos, y la restricción de entrada o tránsito por los países que integran la Unión Europea.
El Consejo recordó que la UE instauró las sanciones contra Venezuela en noviembre de 2017. En ese momento, el bloque aprobó un embargo de armas y de equipos que pudieran utilizarse para la represión interna, además de prohibiciones de viaje y congelación de bienes dirigidas a funcionarios señalados por su responsabilidad en el deterioro democrático y en violaciones de derechos fundamentales.
Las autoridades europeas reiteraron que el propósito de estas medidas es “apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela”.
En esa línea, subrayaron que “la UE no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o la economía. La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”.
Finalmente, el Consejo dejó claro que una eventual suspensión o levantamiento de las sanciones dependerá de avances concretos.
Según el comunicado, esto ocurrirá solo si se registra “progreso tangible en los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”.
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