Abogado zuliano destapa trama de corrupción en Carbozulia relacionada con PDVSA Cripto: el desfalco suma al menos cien millones de dólares

Se trata de un robo al erario público de al menos cien millones de dólares, a través de empresas de maletín, realizadas por una administración relacionada con Tareck El Aissami

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Otro caso de corrupción sale a la luz pública. Esta vez, el abogado zuliano Juan Pablo Montiel reveló, con evidencia en mano, los manejos fraudulentos del expresidente de Carbozulia Francisco Javier Aguilera Castro. 

Se trata de un robo al erario público de al menos cien millones de dólares. Según Montiel, Francisco Aguilera contrató los servicios de empresas “inexistentes jurídicamente”, que, entre otras irregularidades: 

  • Facturaron y sobrefacturaron por servicios que no prestaron. 
  • Usaron la maquinaria de otras empresas que estaban en las zonas de explotación minera y cobraron por eso. 
  • Dañaron la maquinaria ajena y no se responsabilizaron por eso. 
  • Afectaron severamente al medioambiente y a las comunidades indígenas de la zona, a quienes deben por ley otorgar beneficios por la explotación de sus tierras. 
  • Paralizaron la explotación de carbón en la zona y dejaron en abandono y destrucción las minas. 
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Carbozulia

Corrupción milmillonaria en Carbozulia 

El jurista Montiel detalló que “para el desarrollo de esta trama de corrupción la empresa suscribió contratos de servicios y ejecución de labores inherentes a la explotación minera, con una facturación superior un millón 300 mil dólares americanos mensuales por un periodo de tres años”. 

Estas operaciones milmillonarias no le aportaron ningún beneficio al Estado venezolano. “Aguilera suscribió lo que se conoce como contratos leoninos, que favorecen excesivamente a una de las partes y desfavorecen totalmente a la otra”, especificó. 

Aunque en la trama son varias las empresas implicadas, Montiel solo mencionó a Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C. A. 

“Será el Ministerio Público el ente encargado de investigar y revelar a los implicados”, refirió Montiel, pero agregó que los responsables están en la calle, disfrutando del dinero obtenido de las actividades ilegales en Carbozulia. 

Una trama de corrupción relacionada con PDVSA Cripto 

En resumen, Montiel explicó que estas empresas de maletín ofrecían alquiler de equipos y maquinaria para la explotación del carbón. Sin embargo, al carecer de estas herramientas, usaron los equipos propiedad de privados que estaban en la mina bajo custodia de Carbozulia. 

Vale destacar que Carbozulia estaba bajo la administración del Ministerio de Minas. Pero, en 2018, Tareck El Aissami, para ese entonces ministro de Producción Nacional asumió las riendas de la explotación de carbón en la región zuliana.

Ese mismo año, nombra a Francisco Aguilera como presidente de Carbozulia y comienzan las irregularidades. Liquidaron a las empresas contratistas que prestaban servicio y contrataron a estas firmas fantasmas y sin figura jurídica. Mucha maquinaria quedó en las zonas de explotación. 

“Cuando comenzó la emergencia por el covid-19, esta empresa (Operaciones Mineras y Servicios Lacustres) puso a producir la maquinaria que estaba a resguardo en Carbozulia, sin ser de su propiedad, y cobró alquileres que estuvieron avalados por Francisco Aguilera”, sostiene el abogado. 

Montiel afirma que cuando Carbozulia pasó de nuevo a manos del Ministerio de Minas recibieron no solo una empresa paralizada, sino los equipos de extracción destruidos. 

Denuncia caso de Carbozulia ante el Ministerio Público en Maracaibo 

El abogado zuliano Juan Pablo Montiel interpuso la denuncia en el Ministerio Público. Lo acompañaron representantes de las comunidades indígenas aledañas a las minas Paso Diablo y Mina Norte, en el municipio Mara.  

El jurista entregó la investigación, las pruebas y solicitó que: 

  • Se realice una visita técnica operacional en las minas Paso Diablo y Mina Norte con la finalidad de constatar el estado deplorable en el que se encuentran. 
  • Que se constate el estado de los activos operacionales que estuvieron bajo la administración y responsabilidad de las empresas contratistas. 
  • Se tramiten las respectivas órdenes de aprehensión para Francisco Aguilera y todos los que resulten implicados en esta trama de corrupción. 
  • Así como también se les solicite el novísimo procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Extinción de dominio sobre todos los bienes de los involucrados y relacionados, quienes incrementaron de forma desmedida su patrimonio con motivo a estos irregulares actos de corrupción cometidos en perjuicio de todos los venezolanos. 

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