La ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó su preocupación tras la designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la ONG cuestionó que la conducción del Ministerio de la Defensa recaiga en un funcionario “señalado por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos, sin que siquiera se hayan iniciado investigaciones genuinas y transparentes que esclarezcan tales señalamientos”.
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La designación forma parte de una reestructuración del gabinete impulsada por el Ejecutivo, que incluyó la salida del general Vladimir Padrino López, quien ocupó el cargo durante más de una década.
En su lugar, Rodríguez nombró a González López, un militar con amplia trayectoria en organismos de inteligencia y seguridad del Estado.
Frente a este contexto, la organización advirtió que el nombramiento transmite “un muy dañino mensaje de consolidación de una estructura de mando involucrada en la persecución por razones políticas en Venezuela”.
Según el organismo, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado presuntos vínculos de González López con prácticas como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, en el marco de investigaciones sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país.
La ONG también alertó sobre el impacto que esta designación podría tener en las víctimas. En su comunicado, señaló que el nombramiento “profundiza la revictimización de quienes han padecido estos abusos” y podría interpretarse como un refuerzo de conductas violatorias dentro de la cadena de mando militar.
Señalamientos en contra del nuevo ministro
Diversos reportes internacionales coinciden en que el nuevo ministro ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea debido a denuncias relacionadas con represión y abusos durante su gestión en organismos de inteligencia .
La organización reiteró que “es la justicia el único camino real hacia la paz” y advirtió que otorgar cargos de poder a funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos podría profundizar la deuda del Estado con las víctimas y con la sociedad venezolana en su conjunto.
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